Los testigos que desfilaron por el tribunal de Brooklyn que juzga al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, dejaron dejaron claro que "fue su socio criminal", dijo la fiscalía al jurado que tendrá que establecer si es culpable o no de ayudar al cártel de Sinaloa, de Joaquín "Chapo" Guzmán entre 2001 y 2012.
Los 26 testigos que convocó la acusación -9 de ellos narcotraficantes extraditados a Estados Unidos que han decidido colaborar con la justicia estadounidense- esbozaron el poder corruptor del dinero de la droga desde la política a las fuerzas de seguridad, pasando por los funcionarios de aduanas y personal de puertos y aeropuertos.
"No les pido que les caigan bien, han hecho cosas horribles, son criminales pero hay que conocerlos", dijo la fiscal Sarith Komatireddy a lo largo de cuatro horas de alegatos finales.
Sin la colaboración al "más alto nivel del gobierno mexicano", la "operación multimillonaria" del cartel, que se sirvió de trenes, aviones, barcos, contenedores o submarinos para importar toneladas de droga de Sudamérica a través de aeropuertos, puertos o carreteras con destino a Estados Unidos, "hubiera sido imposible de llevar a cabo", recordó la fiscal.
"Fue su socio criminal", subrayó Komatireddy sobre el exjefe de la Agencia Federal de Investigación (AFI) del 2000 al 2006 y secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), acusado de cinco cargos en el tribunal neoyorquino, por los que puede ser condenado a entre diez años y cadena perpetua.
¿Qué dijeron en el juicio a Ganaro García Luna?
"Recibió millones de dólares del cartel de Sinaloa" del que era "su socio criminal", recordó tras hacer un repaso de las declaraciones y acusaciones que se realizaron a lo largo de tres semanas de juicio contra el arquitecto de la guerra contra la droga que lanzó el gobierno de Calderón.
"Hagan uso de su sentido común y declárenlo culpable", les pidió al final a los 12 miembros y 6 asistentes que en los próximos días darán su fallo.
Varios de los testigos, antiguos miembros del cartel de Sinaloa, como Jesús "Rey" Zambada, Sergio Villarreal "El Grande" o Óscar "Lobo" Valencia, aseguraron durante el juicio que habían pagado millones al acusado, como también lo habría hecho Arturo Beltrán Leyva, que hacía una colecta para recaudar dinero de las diferentes facciones para pagar mensualmente al poderoso "superpolicía" a cambio de protección.
García Luna, ingeniero mecánico de 54 años, rehusó declarar para defenderse en su propio juicio, habría recibido pagos millonarios de los cárteles a cambio de protección de las fuerzas de seguridad que dirigía.
Su esposa Cristina Pereyra fue el único testigo de la defensa y trató de explicar al jurado el origen del patrimonio amasado en México. Sus haberes logrados después de que abandonó sus funciones en 2012 para instalarse en Miami, donde residían hasta que fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, quedaron fuera de las indagaciones de la fiscalía.
La defensa, la última en presentar sus alegatos finales ante el juez instructor Brian Cogan, ha basado su estrategia a lo largo del juicio en minar la credibilidad de unos testigos que a menudo han caído en contradicciones y que, sobre todo, pese a su historial criminal se han beneficiado de fuertes reducciones de pena en Estados Unidos a cambio de colaborar con la justicia.
García Luna está acusado de cinco cargos: participación en empresa criminal continua; conspiración de distribución internacional de cocaína; conspiración de distribución y posesión de cocaína; conspiración para importar cocaína y falsedad en una declaración para obtener la nacionalidad estadounidense en 2018.
El gobierno de México, que ha pedido a Estados Unidos su extradición, también reclama 700 millones de dólares presuntamente malversados por el exsecretario, acusado de supervisar la detención en diciembre de 2005 de la francesa Florence Cassez y de su exnovio Israel Vallarta, una operación denunciada como un montaje.
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