La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha confirmado la validez constitucional del etiquetado frontal en alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, una decisión acogida con entusiasmo por la Secretaría de Salud.
La medida en cuestión busca informar de manera directa y comprensible sobre el contenido de calorías, azúcares, grasas saturadas, sodio y grasas trans en los productos, además de advertir sobre la presencia de edulcorantes y cafeína. Según los expertos de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, esta legislación se erige como un pilar fundamental para el ejercicio del derecho a la información, permitiendo a la población tomar decisiones conscientes respecto a su alimentación, con un enfoque particular en los productos ultraprocesados.
La resolución de la SCJN llega tras el rechazo de amparos presentados por dos empresas, que argumentaban una supuesta vulneración de principios como la igualdad, no discriminación y equidad. Sin embargo, el alto tribunal ha ratificado que las normativas establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010 son medidas proporcionales y necesarias, enfocadas en garantizar el derecho a una alimentación saludable y a la información.
Esta decisión subraya la importancia del etiquetado de advertencia como una herramienta educativa esencial, destinada a orientar a los consumidores en la identificación de productos potencialmente dañinos para su salud. En un país donde el consumo excesivo de sodio, azúcares y grasas saturadas o trans —principalmente presentes en alimentos ultraprocesados— se considera un factor crucial en la prevalencia de enfermedades crónicas, este fallo representa un paso adelante en la lucha contra la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Estas condiciones de salud están vinculadas a más del 70% de las muertes en adultos en México, resaltando la urgencia de adoptar medidas preventivas eficaces.
La decisión de la SCJN no solo reafirma el compromiso de México con la protección de la salud pública sino que también sienta un precedente significativo en la legislación sobre el consumo responsable y la información alimentaria.
Por Cadena Política
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